El gobierno y los legisladores de Nevada han puesto en marcha una serie de medidas drásticas urgentes para frenar la proliferación descontrolada de infraestructuras tecnológicas masivas en terrenos públicos y zonas residenciales. El debate, impulsado por el preocupante consumo de agua y energía en el estado más seco de Estados Unidos, ha llevado a las autoridades locales a promover moratorias de construcción, la eliminación de incentivos fiscales y el endurecimiento de los requisitos ambientales para los desarrolladores de centros de datos.
La controversia escaló tras los intentos de la industria tecnológica de expandirse hacia terrenos federales protegidos, amparados en una orden ejecutiva de la administración del presidente Donald Trump destinada a acelerar los permisos federales para infraestructura de Inteligencia Artificial. El caso más emblemático ocurrió en Boulder City, donde la Junta de Apelaciones de Tierras de EE. UU. (IBLA) frenó el megaproyecto Townsite Solar 2, un complejo de servidores de 167 megavatios que se habría convertido en el primer centro de datos construido sobre suelo público federal. La justicia determinó que las agencias federales omitieron de forma ilegal las auditorías ambientales obligatorias, poniendo en riesgo el hábitat de la tortuga del desierto y las reservas hídricas de la cuenca del río Colorado.
Para hacer frente a esta situación, Nevada ha impulsado acciones en el ámbito local y estatal:
- Moratorias y regulaciones locales: Reno suspendió la emisión de permisos para estos centros hasta agosto de 2027, mientras que Clark y Henderson aplican criterios más estrictos.
- Freno a los incentivos fiscales: El Comité Conjunto de Ingresos de la Legislatura promueve una ley para 2027 que busca eliminar exenciones y fijar una moratoria general.
- Decreto de responsabilidad corporativa: El gobernador Joe Lombardo firmó un decreto que exige a las tecnológicas un “Compromiso de Apoyo a la Comunidad” para respetar normas hídricas, financiar infraestructura y proteger la red eléctrica.
Este conflicto marca la agenda política de cara a las elecciones del 3 de noviembre, con el rechazo de organizaciones como el Sierra Club y comunidades tribales.
