Las autoridades venezolanas presionan a España para que se concrete a extradición de Ernesto Luis Quintero Méndez, un venezolano detenido en la cárcel de Soto del Real desde febrero de 2021, por un presunto caso de estafa cometido a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa. Desde la Oficinas Centrales Nacionales de Interpol (Caracas) advierten que el traslado del detenido está por ejecutarse en los próximos días, pues desde España ya se está coordinando con el organismo para ejecutar la entrega.
Quintero fue detenido en España en febrero de 2021 y desde entonces permanece en la prisión de Soto del Real, en Madrid. En Venezuela tiene una orden de detención y sobre él pesaba una alerta roja de Interpol desde 2018, por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación de fondos o valores, legitimación de capitales, por su presunta vinculación con una red que fue señalada por el Ministerio Público venezolano de haber sido señalada de vender títulos de valores de sus clientes a una empresa del mismo grupo económico con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
El detenido llegó a territorio español en noviembre de 2018, pero no fue sino hasta octubre de 2020 que la Sala de lo Penal – Sección 4 de la Audiencia Nacional accedió a que se ejecutara la extradición y que posteriormente fuera ratificado por el Gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros de enero de 2021 que se le dio luz verde a la entrega de Quintero. El mismo día que lo ratificó el Consejo de Ministros fue detenido, pero ya desde antes, en enero de 2019 le habían negado la primera solicitud de asilo político.
En Madrid ha sido Cismary Marcano, esposa del detenido, quien ha batallado, a más no poder, contra las autoridades españolas, para evitar que sea entregado a Venezuela, pues ella insiste en que su esposo es inocente y que trasladarlo a una cárcel venezolana sería condenarlo a muerte. Desde el Ministerio del Interior han rechazado en dos oportunidades la petición de asilo político que hizo Quintero, por considerar que no existían motivaciones políticas en la solicitud de extradición de las autoridades venezolanas, pues los delitos por los cuales fue pedido en extradición están vinculados con una investigación de un presunto caso de estafa y manejo irregular de títulos de valores de particulares.
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