El presidente estadounidense, Donald Trump, notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. Según documentos obtenidos por el New York Times, el gobierno calificó a los presuntos contrabandistas como “combatientes ilegales”, lo que habilita su eliminación como blancos militares.
La Casa Blanca argumenta que esta decisión se sustenta en el derecho de guerra y que responde a la necesidad de frenar a organizaciones que “causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”. En la práctica, esto ha servido para justificar tres ataques militares en el mar Caribe en septiembre, que destruyeron embarcaciones y dejaron 17 muertos.
Expertos legales señalaron a TIME que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Ryan Goodman, profesor de la Universidad de Nueva York y exabogado del Pentágono, sostuvo que resulta difícil imaginar que “algún jurista dentro del Departamento de Defensa pudiera haber concluido que esto era legal en lugar de un asesinato bajo las normas internacionales”.
La administración Trump sostiene que el país enfrenta un “conflicto armado no internacional” contra cárteles a los que previamente designó como organizaciones terroristas en una orden ejecutiva del 20 de enero. El aviso enviado al Congreso afirma que, bajo esta figura, el gobierno puede matar combatientes incluso si no representan una amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.
Sin embargo, juristas como Geoffrey S. Corn, exasesor del Ejército en derecho de guerra, advirtieron al New York Times que vender drogas “no equivale a un ataque armado” y que la interpretación de la Casa Blanca rompe con los estándares legales internacionales.
Escalada contra Venezuela
La ofensiva militar se ha concentrado en embarcaciones venezolanas. El primer ataque, el 2 de septiembre, mató a 11 personas; el segundo, el 15 de septiembre, dejó tres muertos; y el tercero, el 19 de septiembre, cobró la vida de otras tres.
Según NBC, el Pentágono incluso evalúa la posibilidad de lanzar ataques con drones en territorio venezolano contra laboratorios y líderes de carteles, lo que incrementaría el riesgo de un conflicto directo con el gobierno de Nicolás Maduro.
Trump ha acusado a Venezuela de ser un corredor clave del narcotráfico y ha vinculado a Maduro con el “Cartel de los Soles”. En agosto, su administración duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto del mandatario. Maduro, por su parte, rechazó las acusaciones como “fake news” en una carta enviada a Trump, al tiempo que ordenó preparar a las milicias para defender al país.
Venezuela se blinda y Colombia denuncia ataques
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que la nación suramericana activaría una “movilización nacional” si llegara a ser “agredida” por Estados Unidos. Mientras tanto, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, firmó un decreto de estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió en la Asamblea General de la ONU abrir un proceso penal contra Trump por los ataques en el Caribe, alegando que las víctimas no eran narcotraficantes sino jóvenes latinoamericanos en condiciones de vulnerabilidad.
El Congreso estadounidense también se ha dividido. El senador demócrata Jack Reed advirtió que Trump “decidió que podía librar guerras secretas contra cualquiera a quien llame enemigo”, mientras que el republicano Rand Paul cuestionó en redes sociales la legalidad de las ejecuciones sin juicio.
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