Ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada entabló una demanda contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) por presuntas detenciones ilegales tras un acuerdo de cooperación con funcionarios federales de inmigración.
La demanda de la ACLU contra LVMPD se justifica con el caso de Sergio Morais-Hechavarría, recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark (CCDC) debido a una orden judicial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Solicitamos un comentario a la policía metropolitana, su respuesta fue que no tienen ningún comentario sobre ese litigio.
Según el recurso judicial interpuesto por ACLU, Morais-Hechavarría permanece detenido indefinidamente en CCDC con una orden de ICE, a pesar de tener una orden para ser transferido a un inpatient facility (centro de atención para pacientes hospitalizados).
Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, recordó que, de acuerdo a la jurisprudencia de Nevada, si un juez ordena a alguien someterse a tratamiento, independientemente de su estatus migratorio, dicha sentencia debe cumplirse.
“Una persona no debería pudrirse en un centro de detención cuando se le ordena un tratamiento porque el gobierno federal ha presionado a los gobiernos locales y a la policía local para que sean cómplices de un enfoque desastroso, desestabilizador y destructivo para aplicar la ley migratoria”, agregó Haseebullah en un comunicado.
La colaboración entre Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) y las autoridades de inmigración se hizo más estrecha, después que el 30 de mayo se firmó un memorando de entendimiento.
En el acuerdo se solicitó el reingreso en el programa federal 287(g), a los fines de ejecutar órdenes de arresto de inmigrantes indocumentados que por alguna u otra razón terminaron pagando prisión. Este acuerdo, según lo que se publica en la página web de ICE, permite delegar a oficiales del orden público estatal y local de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración, para “identificar y remover a extranjeros delincuentes encarcelados que son aptos para ser removidos de EE. UU. antes de que sean liberados en la comunidad”.
En este sentido, los oficiales de Metro estarían listos para entregar órdenes de arrestos a los reclusos que estén a punto de ser liberados del Centro de Detención del Condado de Clark.
Cabe destacar que en los condados Douglas, Lyon y Mineral, al norte de Nevada, ya se implementa este programa en colaboración con ICE.
En la demanda entablada este lunes 13 de octubre, los abogados de la ACLU solicitan que se emita una orden de rescisión del acuerdo con ICE.
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