La empresa de infraestructura The Boring Company, propiedad de Elon Musk, acumuló cerca de 800 violaciones a las regulaciones ambientales del estado de Nevada, de acuerdo con un reporte reciente de ProPublica. Casi 100 de estas infracciones ocurrieron después de que la compañía firmara un acuerdo con los reguladores estatales en 2022, en el que se comprometía a cumplir la normativa vigente.
Las irregularidades reportadas incluyen excavaciones sin autorización, vertido de agua sin tratar en calles de la ciudad, falta de instalación de vallas antisedimentos y dispersión de tierra de las obras sobre las carreteras aledañas.
Pese a la magnitud de las faltas acumuladas, la División de Protección Ambiental de Nevada resolvió reducir la sanción económica. Aunque las multas podrían haber superado los 3 millones de dólares, los reguladores agruparon las infracciones, fijando la sanción final en 242.800 dólares. Según declaró la autoridad ambiental, esta medida “ofrece una sanción razonable que aún servirá para disuadir futuras conductas de incumplimiento”.
Boring Co. se encuentra actualmente en proceso de expansión del sistema de túneles subterráneos de Las Vegas, que busca conectar 104 estaciones mediante 68 kilómetros de recorrido. El proyecto ha sido promovido como una solución al tráfico urbano mediante vehículos autónomos que se desplazan a través de túneles cerrados al público general.
Sin embargo, los problemas no se limitan a las regulaciones ambientales. En septiembre pasado, las obras hacia el aeropuerto de Las Vegas fueron suspendidas temporalmente luego de un accidente laboral en el que un trabajador quedó atrapado entre dos tuberías de 1.200 metros y sufrió lesiones por aplastamiento.
El reporte no menciona ni argumenta declaraciones de Elon Musk ni de voceros de The Boring Co. en relación con los hallazgos recientes. Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre medidas correctivas adicionales más allá de la sanción impuesta.
La empresa, que ha impulsado proyectos similares en otras ciudades, como Los Ángeles y Fort Lauderdale, ha enfrentado críticas por la viabilidad técnica y financiera de su propuesta, así como por la falta de estudios ambientales previos en algunas etapas de construcción.
La reiteración de faltas ambientales, incluso tras un acuerdo formal con el estado, vuelve a poner en discusión el nivel de supervisión regulatoria sobre proyectos de infraestructura privados de gran escala.
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