El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, convirtió en ley durante el fin de semana un amplio paquete de medidas contra el crimen que ayudará a revivir un programa judicial único que prohibió el ingreso a la Franja de Las Vegas a los infractores de algunos delitos y endurecerá las penas por robos con violencia, conducir bajo los efectos del alcohol y asaltos y lesiones contra trabajadores del sector hotelero.
La ley, conocida como Ley de Calles y Vecindarios Seguros, allana el camino para la restitución del controvertido Tribunal del Corredor Turístico para penalizar delitos como hurtos menores, asaltos, delitos de drogas y merodeo originados en el Strip de Las Vegas y que coinciden con las órdenes que prohíben a las personas el ingreso a la zona turística durante un año.
La aprobación del proyecto de ley marcó una importante victoria política para el gobernador republicano mientras se prepara para una desafiante campaña de reelección en 2026. Su carrera es una de las más competitivas del país, y encuestas recientes lo muestran a él y a su probable oponente, el fiscal general demócrata Aaron Ford, cabeza a cabeza.
La reactivación de Resort Corridor Court aún enfrenta obstáculos
Los cabilderos del resort y el sindicato que representa a los trabajadores de la industria hotelera —ambos poderosos políticos— se unieron para lograr la reapertura del Tribunal del Corredor del Resort, argumentando que mejorará la seguridad y protegerá la reputación de ser una atracción turística amigable para los visitantes en medio de una caída del turismo.
Entre junio de 2024 y junio de 2025, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas informó una disminución del 11% en el número de visitantes.
Los opositores cuestionan su legalidad y dicen que las órdenes apuntan injustamente a las personas sin hogar.
“Agradecemos enormemente al gobernador Lombardo y al liderazgo legislativo por trabajar juntos para avanzar en esta importante legislación de seguridad turística”, dijo Virginia Valentine, presidenta y directora ejecutiva de la Nevada Resort Association, en una declaración del martes, y agregó que el tribunal garantizará que Las Vegas siga siendo un destino turístico de primer nivel.
La ley autoriza a la Comisión del Condado de Clark a reactivar el tribunal, pero no está claro cuándo –o si– la comisión abordará el tema.
Jennifer Cooper, portavoz del condado, afirmó que es prematuro que la comisión intervenga en este momento, ya que la facultad discrecional para reactivar el tribunal recae en el Tribunal de Justicia. El tribunal no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los jueces de Nevada instituyeron el tribunal hace dos años, pero votaron para disolverlo un año y medio después.
Si se reactiva el programa judicial, se esperan litigios que cuestionen su legalidad, según Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, que ha sido un firme oponente del tribunal.
“Nuestra organización y muchas otras seguirán resistiéndose porque no quieren ver este continuo avance de la privatización de nuestro sistema judicial”, dijo en una entrevista telefónica.
El proyecto de ley también prohíbe la aplicación de medidas migratorias dentro de las escuelas
El proyecto de ley también incluyó enmiendas que prohíben a los agentes de inmigración ingresar a las instalaciones escolares sin una orden judicial y exigen que los centros de detención mantengan una lista actualizada de las personas que detienen.
Nevada se une a estados como California y Maryland en la promulgación de leyes que restringen a los agentes federales de inmigración el acceso a propiedades escolares sin una orden judicial.
Los legisladores demócratas de Nevada presentaron una propuesta en la última sesión ordinaria para prohibir el acceso de los agentes de inmigración a las escuelas sin orden judicial, pero Lombardo la vetó, calificándola de “bien intencionada, pero fundamentalmente excesiva”. La oficina de Lombardo afirmó que la enmienda que los demócratas añadieron a su proyecto de ley se ajusta a la Constitución e incluye excepciones que permiten a los agentes del orden mantener la seguridad en las escuelas.
Esas excepciones incluyen a los oficiales de recursos escolares y a las fuerzas del orden que necesitan ingresar a la propiedad en caso de una emergencia, como un tiroteo en la escuela.
Se trata del último esfuerzo estatal para aclarar las restricciones a la aplicación de la ley migratoria tras el anuncio de la administración Trump a principios de año de que permitiría a las agencias federales de inmigración realizar arrestos en escuelas, iglesias y hospitales , poniendo fin a una política que había estado en vigor desde 2011.
Cecelia González, asambleísta demócrata que patrocinó el proyecto de ley de inmigración original, finalmente votó en contra del paquete contra la delincuencia del gobernador. Dijo estar contenta de que “por fin se tome en serio a los estudiantes respecto a su miedo real”, pero en general cree que el proyecto de ley hará más daño que bien.
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