Nevada firmó discretamente un acuerdo con una empresa que recopila datos de ubicación de celulares, lo que permite a la policía rastrear un dispositivo prácticamente en tiempo real — y sin necesidad de una orden judicial.
El programa de Fog Data Science, adoptado en Nevada este enero mediante un contrato con el Departamento de Seguridad Pública, extrae información de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes para permitir que investigadores estatales identifiquen la ubicación de los dispositivos móviles.
El estado tiene permitido realizar más de 250 consultas al mes con esa herramienta, que facilita que los oficiales rastreen la ubicación de un dispositivo durante largos períodos y les permite ver lo que Fog llama “patrones de vida”, según documentos de la empresa de 2022.
El programa puede ayudar a deducir dónde y cuándo trabajan y viven las personas, con quién se relacionan y qué lugares visitan, según expertos en privacidad.
Aunque Fog Data señala que sus datos se hacen anónimos y que se vinculan a dispositivos y no a personas, la empresa dice que la herramienta puede ayudar a acceder a información que “de otro modo permanecería oculta”. La compañía tiene una herramienta en su sitio de internet que permite que el público opte por no participar en sus bases de datos.
Expertos en privacidad cuestionan violaciones al debido proceso y a la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y decomisos injustificados. Tradicionalmente, la policía debe obtener una orden judicial para tener acceso a la información de ubicación de un celular, lo que puede tardar días o semanas.
Aunque los usuarios de teléfonos móviles pueden estar conscientes de que comparten su ubicación a través de aplicaciones como Google Maps, críticos dicen que pocos saben que dicha información puede llegar a manos de la policía.
Debido al bajo precio del contrato (unos $12,000 dólares al año), parece que ha evadido la participación del público.
“Es alarmante”, dijo en una entrevista Jacob Valentine, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada. “Creo que cada vez hay más intentos para rastrear nuestra ubicación en todo momento y eludir el proceso de órdenes judiciales”.
Lo anterior surge cuando ha aumentado la discusión sobre la falta de controles en torno a la tecnología de vigilancia en Nevada, especialmente a medida que se intensifican las tensiones políticas.
En marzo, el Fiscal General Demócrata de Nevada, Aaron Ford, firmó una carta en la que pedía al Congreso que regule el uso de la información por parte de los intermediarios de datos.
Varios legisladores estatales también han expresado preocupación por la falta de regulación de los lectores automáticos de placas de autos — otra herramienta de vigilancia masiva — que están presentes en todas las ciudades importantes de Nevada.
Agencias policiales con problemas de financiación han promovido a Fog como una herramienta para reforzar la seguridad pública.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Nevada indicaron a The Nevada Independent que utilizarán Fog para mejorar la recopilación de información y el análisis basado en amenazas, y para ayudar en investigaciones criminales y relacionadas con terrorismo.
En un comunicado, añadieron que, para mantener la seguridad operativa, el departamento “no puede proporcionar información táctica específica”.
Los funcionarios no respondieron acerca de la privacidad ni de las aplicaciones que usa Fog para obtener los datos.
¿Cómo funciona?
Una forma en la que Fog obtiene sus datos es recopilándolos de aplicaciones que revenden la ubicación del usuario a anunciantes o intermediarios de datos externos. Específicamente, rastrea los dispositivos a través de una ID de publicidad, un número único asignado a los dispositivos para segmentar contenido publicitario. Esos números no contienen el nombre del usuario del teléfono, pero se pueden rastrear hasta hogares y lugares de trabajo.
Beryl Lipton, investigadora de Electronic Frontier Foundation, dijo que no es inusual que el gobierno federal financie este tipo de programas y que ese tipo de acuerdos pueden pasar por una entidad como el Departamento de Seguridad Nacional — el cual se encarga del manejo de federal de emergencias — porque se puede usar para localizar personas desaparecidas en un desastre natural o una catástrofe similar.
“Para ser honesta, no sé muy bien cómo funciona eso”, dijo Lipton. “No sé exactamente qué tan efectivo es en una emergencia”.
Preocupaciones
John Piro, abogado de oficio de la Oficina de Defensoría Pública del Condado Clark, se refirió el uso de esta tecnología como “inconstitucional”. No solo expresó preocupación por cómo se podría utilizar en casos penales, sino también contra la gente del día a día.
Lipton también cuestionó el uso de esta tecnología para rastrear manifestantes o personas que ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Ella planteó que sería muy fácil para los oficiales registrar una zona donde haya habido una protesta y rastrear los datos de los celulares hasta ubicaciones como domicilios particulares.
“Si no se utilizan mecanismos claros de auditoría, entonces hay muchas oportunidades para que se abuse”, dijo Lipton.
