Este fin de semana, la comunidad internacional intensificó sus llamados a la transparencia en torno a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio. Dos pronunciamientos claves fueron emitidos por la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ambos exigiendo la publicación inmediata de las actas electorales y la verificación independiente de los resultados, en medio de crecientes denuncias de fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente.
La Unión Europea y 22 países exigen verificación independiente
A través de una declaración conjunta, la Unión Europea y 22 naciones solicitaron una revisión imparcial e independiente de los resultados electorales. La petición fue presentada por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, quien subrayó la importancia de que se publiquen todas las actas originales para garantizar la transparencia del proceso electoral. «Es imperativo que se dé acceso a una verificación neutral por parte de una entidad internacional», enfatizó Álvarez, reflejando la creciente preocupación internacional por la legitimidad del proceso.
OEA aprueba resolución para garantizar transparencia
En paralelo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó por consenso una resolución que insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a publicar las actas con los resultados de cada mesa electoral. La resolución, respaldada por 26 de las 32 delegaciones de la OEA, también solicita que se permita una verificación imparcial de los resultados. Esta medida refuerza la presión sobre las autoridades venezolanas para que transparenten el proceso electoral, en un contexto de crecientes acusaciones de manipulación y fraude.
Peritaje en curso por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
En el ámbito interno, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha iniciado un peritaje con las pruebas recolectadas para certificar la victoria de Maduro. Sin embargo, este proceso ha sido criticado por su falta de independencia, ya que la justicia venezolana es frecuentemente acusada de servir a los intereses del gobierno. Este contexto ha alimentado la desconfianza tanto dentro como fuera del país sobre la legitimidad de los resultados electorales.
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